Venía por el metro a trabajar leyendo “Los felices 90: la semilla de la destrucción”, de Joseph E. Stiglitz. Ya en el trabajo leí los comentarios de Happy Butcher y de  Bensousan en mi último post, hablando de la Gran Depresión…y da la casualidad de que hablaban de algo que acababa de leer en dicho libro unos minutos antes:   

“Nadie que haya asistido a los escándalos empresariales, a las inversiones dilapidadas en los tiempos del boom y al despilfarro de recursos en tiempos de crisis podrá creerse de veras que los mercados, por sí solos, consiguen resultados eficientes (…).

Cuando, hace un siglo, Upton Sinclair escribió su celebre novela La Selva, en la que describía todo aquello por lo que tenía que pasar una ternera, desde el establo hasta el matadero, para que el filete así producido llegara a la mesa del consumidor estadounidense, éste reaccionó con repulsión. Entonces, la industria cárnica recurrió al Gobierno para asegurar la salubridad de los alimentos, entendiendo que éste era el camino más corto para restaurar la confianza. Lo mismo ocurrió también en la estela de los escándalos que sacudieron el mercado de valores durante los felices veinte, cuando la intervención reguladora del Gobierno dio en considerarse un paso imprescindible para restaurar la confianza de los inversores, sin que la gente vacilara a la hora de invertir su dinero. Necesitaban saber que existiera algún tipo de supervisión, y que la ejerciera alguien cuyos incentivos estuvieran más en línea con los suyos.

En varios de estos episodios más tempranos, cuando la economía no rendía a satisfacción, los adeptos del mercado intentaban encontrar un culpable buscándolo en una intervención del Gobierno que pecaría de excesiva o inadecuada: según aseguran algunos, fue el Gobierno federal quien provocó la Gran Depresión. Yo no creo que el Gobierno fuera el causante de
la Gran Depresión, aunque sí le atribuyo alguna culpa: por no emprender medidas que estaban en su mano a fin de revertir la situación y reducir al mínimo los daños derivados de ella (…).

La regulación ejercida por el Gobierno puede y suele desempeñar un papel importante con miras a lograr un mejor funcionamiento de los mercados; sin ir más lejos, en la limitación del alcance de los conflictos de intereses tan habituales en la contabilidad como en el mundo de los negocios y finanzas en general.  A nadie se le ocurre criticar a una aseguradora contra incendios por exigir la instalación de aspersores antiincendios a un negocio que tenga suscrita una póliza con ella. En el ámbito de los negocios, esto tiene todo el sentido del mundo, ya que gracias a la protección que le otorga la póliza, la empresa asegurada ya no tiene que afrontar todos los costes que acarrearía un incendio, de manera que carece de incentivo adecuado para instalar aspersores. Pero en el ámbito de la macroeconomía, de una u otra manera, el Gobierno siempre es el que termina recogiendo los platos rotos cuando las cosas no salen como debieran; del mismo modo, el contribuyente estadounidense fue quien terminó pagando los platos rotos de la desregulación bancaria rompió en las cajas de ahorro. Así pues, una mayor regulación redunda en la protección del país y sus contribuyentes contra tales riesgos.

Si bien el Gobierno tampoco está exento de padecer limitaciones de información, las cortapisas y los incentivos a que se enfrenta son de índole distinta. El Gobierno tiene un incentivo para mantener sus promesas: garantizar que los alimentos sean aptos para el consumo y que los bancos no asuman riesgos excesivos. Desde luego, el Estado, como mercado, adolece de una variedad de imperfecciones, que pueden conducir a “fracasos de Estado”, algo no menos molesto que los fracasos de mercado, y ése es el motivo por el que les conviene cooperar, complementarse, compensando debilidades mutuas y sumando fuerzas comunes.

De hecho, el Gobierno bien pudiera ser capaz de gestionar ciertos asuntos mejor incluso que el sector privado: la seguridad que presta el servicio público en los aeropuertos parece mejor que la privada; del mismo modo las pensiones garantizadas por el mismo sector público –la seguridad social- no sólo comportan unos costes de transacción incomparablemente más reducidos que sus correspondientes del sector privado, sino que además la prestación social percibida del sector público incluye un seguro contra riesgos inflacionistas que no figura en la oferta de ninguna empresa privada.”